CÁTEDRA INDÍGENA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: ¿UNA LEY DE PATRIMONIO SIN PATRIMONIO INDÍGENA?

Ante la noticia de que el gobierno ha puesto suma urgencia al proyecto de ley que modifica la ley Nº17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales no podemos sino manifestar, como Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la  Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, nuestra oposición al espíritu de una ley que excluye el patrimonio indígena. Para nadie es una novedad que la normativa está sobrepasada y se basa en una realidad que la supera, y por ello no criticamos la iniciativa de cambiarla, así como nos parece relevante que, por primera vez, se incluya el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y que sus horizontes tengan a la Convención para la Salvaguarda de la Unesco 2003 como precepto, nuestros desacuerdos están relacionados, entre otras cosas, con las siguientes materias:

1. No ha habido participación ni consulta a los(as) expertos(as) ni a la ciudadanía sobre los alcances de una ley en la que todos(as) estamos inmersos, sobre todo porque el patrimonio y, especialmente, el inmaterial es colectivo y pertenece a las comunidades que se identifican con él. La suma urgencia dada por el gobierno da cuenta de una falta de interés en que las comunidades de expertos(as) así como la ciudadanía y comunidades indígenas y afrodescendientes puedan hacer sus aportes a la Comisión de Cultura. Lo anterior va en contra del núcleo de la Convención UNESCO, suscrita por Chile, y sus normativas cuyo principio fundamental es el diálogo y la participación de las comunidades en todo lo referido a sus acervos culturales.
2. Sumado a lo anterior, y que es el centro de nuestra preocupación, la Ley propuesta no hace ninguna mención a los patrimonios indígenas, pero sostiene que, en un plano general, contempla el Convenio N°169 de la OIT como instrumento de doctrina internacional. Corrobora la exclusión del patrimonio indígena el que en ninguna de las instancias colegiadas nacional y regional haya representantes de los pueblos indígenas (tampoco afrodescendientes). De lo anterior se colige que el Estado no incluye a los pueblos indígenas, que los niega y que no forman parte de los portadores(as) y legatarios(as) del patrimonio del país. La recientemente suspendida “consulta indígena” es un buen ejemplo de que cualquier iniciativa de gobierno que pretenda no considerar la opinión de los pueblos indígenas, en materias que les atañe directamente, carecerá de legitimidad.
3. Las autoridades del Estado y del gobierno a cargo de tramitar esta ley deben recordar que es imposible hablar de patrimonio cultural y más aún de PCI negando los acervos indígenas y afrodescendientes que conforman la cultura chilena. Este olvido da cuenta de una profunda falta que daña nuestra democracia.

Por todo lo anterior es que rechazamos la promulgación de la nueva ley y la manera en que está concebida y redactada: con exclusiones insostenibles a estas alturas del siglo XXI. Emplazamos al gobierno y a los(as) legisladores(as) a realizar una discusión abierta, con el tiempo que requieren los debates democráticos, para que todas las comunidades, incluidas las indígenas y afrodescendientes, y la ciudadanía organizada se manifieste respecto a tan importante ley.