Verónica Figueroa, administradora pública: “El acto de pedir perdón debe ir acompañado de decisiones que permitan ver que ese perdón es sincero, que está asociado a un cambio real. Eso no se ha visto en ningún gobierno”

La Administradora Pública de la Universidad de Chile, Doctora en Ciencias de la Gestión en ESADE, Postdoctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, California, y miembro del Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile; nos comenta acerca de las Políticas Públicas Indígenas en Chile y la relación entre pueblos y el Estado. Figueroa también es colaboradora permanente de Cátedra Indígena y actualmente es parte del equipo docente del curso “Interculturalidad, migración y racismos” disponible en UAbierta.

¿Existe una sensación de que las Politicas Públicas Indígenas (PPI) en Chile no son suficientes? ¿Hay deficiencias en la gestión pública o de donde proviene esta sensación de parte de las comunidades?

Hay deficiencias o situaciones estructurales e históricas que han definido la realidad que tienen las PPI. Se refiere a todo aquello que los gobiernos hacen o dejan de hacer. Los gobiernos representan a coaliciones o partidos políticos donde hay actores con interés, con visiones, formas de entender el mundo y eso está marcado por ideologías. Cada uno de estos actores utilizan diversos mecanismos para situar sus intereses en la agenda política, hay una batalla entre miradas, alternativas y recursos entre estos actores. Cuando hablamos de recursos no es solo lo financiero, también las redes, entre otros, que permiten que de manera histórica haya sido una elite la que pone los temas. En ese sentido, cuando hablamos de los pueblos indígenas, nos damos cuenta que no han sido parte de esa elite ni desde el nacimiento del Estado chileno ni han sido actores con poder dentro de los procesos decisorios hasta la actualidad. No han tenido acceso a esta red de recursos para poner sus temas, no han sido actores relevantes en la definición de PPI, que han sido elegidas por otros que no conocen ni valoran la cosmovisión. Tienen una visión donde estos valores no se entienden, no solamente porque son culturas distintas, sino también porque no se ha querido valorar. Esto se ve en lo educativo, salud, medioambiente, economía, etc. No se ha querido recoger la mirada del mundo indígena, lo que supone tensionar decisiones que los gobiernos toman en otros ámbitos. Esas definiciones son por una marginación estructural histórica de los pueblos indígenas como actores de desarrollo. Desde la ratificación del Convenio 169 hay una obligación del Estado de consultar, pero a través de distintos mecanismos o decretos, como el Decreto Nº124 del gobierno de Michelle Bachelet o el Decreto Nº66 del gobierno de Sebastián Piñera, el espíritu ha sido coartar la expresión de los pueblos. Ahí surgen movimientos o sectores que tratan de poner temas en la agenda sin ser actores de poder. Mientras no haya una redistribución de poder, que fue un tema que emergió de los diálogos constituyentes, vamos a seguir repitiendo errores, que en su mayoría son errores voluntarios.

Es decir, ¿esto obedece a las voluntades del Estado más que a un desconocimiento del mundo indígena?

Creo que se ha conocido mal a los pueblos indígenas. Las políticas públicas tienen expresiones en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos estamos sujetos a decisiones políticas. Cuando uno mira o revisa la historia, sobre dónde han estado los actores indígenas, podemos ver que hasta hoy no tenemos mecanismos de representación en el juego democrático para tener de alguna manera presencia, salvo que existiera una ley de cuotas, escaños reservados, etc. Seguiremos permaneciendo fuera de esas decisiones.

Verónica Figueroa Huencho 

Una justificación de la poca inversión en PPI puede ser la baja población indígena que reflejan los últimos censos ¿Cuáles otros paradigmas inadecuados se pueden estar utilizando como excusa para obstaculizar la PPI?

Como esos argumentos hay hartos. “La magnitud es una dimensión, por lo tanto, como son pocos indígenas, ¿por qué debieran ser sujetos de PPI?. Ya no están en sus lugares de origen, la mayoría está en ciudades, por lo tanto no debe hablarse de pueblo. Cuál es la utilidad de la lengua si nadie te va a contratar porque hables tu lengua”. Ejemplos como estos hay muchos. Esta lógica occidental de valorización del conocimiento ha limitado la incorporación de otras dimensiones mucho más sustantivas y de carácter político respecto de porqué los pueblos indígenas deben ser factores importantes respecto a las decisiones que les atañen. Tiene que ver con su concepción como pueblo, independiente que sean minoría o mayoría, que estén presentes a lo largo del territorio chileno, independiente de la lengua o de la medicina, etc., se supone que tienen derechos que deben ser respetados en cuanto pueblo. No tiene que ver con el lugar donde uno está, sino con que puedo ejercer mi derecho a autodeterminación, a decidir mi futuro, a ser parte de un pueblo. Si tomamos la lógica occidental como una forma para diseñar políticas, sin duda que se puede llevar a esas reflexiones que están presentes en la actualidad, pero cuando decimos “hay que mirar la cosmovisión indígena, sus estructuras, sus instituciones, hay que considerar la historia”, esto no se ha tomado en cuenta. Más bien se han implementado políticas sistemáticas de despojo territorial, que han privilegiado un desarrollo económico versus un desarrollo equitativo que responda a la diversidad que existe en Chile. Los programas educativos forman profesionales, pero no forman actores para la sociedad, donde una lengua indígena no tiene valoración desde lo occidental. Desde el mundo indígena tiene que ver con la riqueza que aporta a la conceptualización de la realidad del mundo, a nuevos debates, pero permanente es la invisibilidad. Un error de las políticas es seguir tomando la estadística como la única forma de medir políticas. Es más fácil dar cuenta de un número de población indígena, en vez de dar cuenta de lo que significa el uso de su lengua, de tener expresiones de sus tradiciones, etc. Hay un limitante arbitrario, que induce a errores y no reconoce como sujetos de derechos a quienes se consideran indígenas.

¿De qué forma la CONADI logra “aterrizar” las PPI? Pareciera que las organizaciones indígenas nunca han estado conformes con el trabajo que realiza CONADI ¿La CONADI debe ser reformulada para no perder legitimidad ante las comunidades?

La CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fue un gran paso. Cuando se habla con algunos dirigentes indígenas que participaron del proceso de creación de la CONADI, hay una valoración por parte de ellos porque era una demanda sentida que se materializó con la creación de la Corporación en la Ley 19.253. Sin embargo, han pasado varias décadas desde la Ley Indígena, donde se requiere un cambio institucional y esa es la discusión. El tema es ¿qué tipo de institución requerimos que refleje nuestras necesidades? ¿Cómo da cuenta del ejercicio de nuestros derechos? La CONADI no fue definida para representar a los pueblos indígenas. La ley señala que la CONADI es la entidad encargada de coordinar todos los esfuerzos que los gobiernos hagan en materia indígena, es una institución de gobierno, del aparato de Administración Pública y que funciona con un presupuesto público, acorde a lineamientos de políticas que el gobierno de turno vaya dando en materia indígena. Por su parte se puede pensar que la única representación indígena real ante la CONADI son los Consejeros Indígenas. CONADI no tiene rango ministerial, es un servicio que no hace política indígena y son otros los ministerios que están tomando políticas públicas y abarcando lo indígena, como agricultura y educación. Por otra parte, con un rango de servicio público, sin atribuciones políticas, tienen que resolver demandas ligadas con la restitución de territorio. Por ello no da el ancho porque tiene que dar abasto con muchas demandas y con poco presupuesto. Está sujeta a fiscalización, contraloría, etc. Se ha ido formando un cuello de botella con demandas que no han sido resueltas. Respecto de los procesos de consulta, vemos procesos apresurados como el que sucede hoy, donde no han sido capaces de recoger temáticas que surgieron en el proceso constituyente, como el plurinacionalismo o la autodeterminación. Claramente hay una sensación de los gobiernos, el Estado, la CONADI, no han dado el ancho. No solo se soluciona con cambiar la institucionalidad, eso es una parte, son piezas de un rompecabezas que requiere una visión más holística de lo que significa comprender que significa ser un país con múltiples pueblos.

¿Qué dimensiones deben ser consideradas para dar cuenta del problema público? ¿Tiene relación con la voluntad más que con el desconocimiento? ¿Hay un mecanismo para dar una bajada “más real” a lo que aspiran las comunidades? Pareciera que hay un malestar que imposibilita nuevos diálogos.

Cuando hablamos de pueblos indígenas, pareciera que hablamos de una entidad homogénea, pero hay una diversidad que es importante reconocer. Sin embargo, hay un elemento transversal que es la desconfianza expresada en la existencia de movimientos indígenas que actúan por vías no institucionales y otros movimientos que sí lo hacen por vías institucionales. Esa diversidad hoy tiene presencia en distintos territorios y esa dispersión es producto de que en algún momento las políticas se diseñaron buscando disminuir territorio indígena y entregarlo a manos de privados. Hubo una decisión arbitraria del Estado a través de políticas públicas que desmerecían a las comunidades, donde se las consideraba “premodernas”, donde se buscaba quitarles la lengua, donde se castigaba a los niños que hablaban su lengua. Hay toda una serie de concepciones que se expresan en esa desconfianza, lo vimos con nuestros abuelos y se sigue viviendo en la relación con el Estado hasta nuestros días. Es una relación basada en la desconfianza y en la falta de respeto: lo hemos visto en las noticias, donde no hay reparos en entrar a colegios, atacar comunidades. Es imposible generar confianza basado en eso. La Presidenta pidió perdón, es un acto político valorable, pero ese perdón debe ir acompañado de decisiones que permitan ver que ese perdón es sincero, que está asociado a un cambio real. Eso no se ha visto en ningún gobierno. Mientras no se considere la cosmovisión indígena, con lo que significa en su relación con el territorio. Mientras se siga entendiendo que lo que quieren los pueblos indígenas es solo una “ampliación” de tierras en vez de una restitución del territorio, seguiremos hablando de manera limitada por parte del Estado. Por ejemplo, cuando miras el programa de PEIB (Programa de Educación Intercultural Bilingüe), los pueblos indígenas tienen un lugar muy marginal dentro de la educación. La lengua tiene que ver con expresión territorial, más que con enseñar un par de palabras. Mientras no reconozcamos a las autoridades tradicionales de los pueblos, el rol que juega un o una Machi o un Lonko, difícilmente podemos dialogar basados en la confianza. Siempre se ha mirado desde la lógica occidental quién está legitimada o legitimado para hablar por sus pueblos. De hecho los gobiernos legitiman con quienes dialogan cuando escogen quienes participarán de las comisiones que han formado. Mientras no exista una voluntad real de cambio, de escuchar, de dejar de asumir una actitud paternalista, no habrá cambios. En el mundo indígena hay masa crítica, hay múltiples proyectos, pero deben ser valorados por los gobiernos.

¿Esa mirada occidental también la vemos expresada en las mismas comunidades? Muchos pueblos piden mayor presencia en cargos públicos para tener mayor representatividad. ¿Toda esta tensión constante entre comunidades y Estado ha generado un debilitamiento en el discurso, una pérdida de intereses? ¿Pueden ser las comunidades indígenas una de las más afectadas en este proceso?

El Estado ha debilitado las redes ancestrales de relación, que iban más allá de lo que el Estado considera como “comunidades” en la ley 19.253. Cuando el Estado interfiere en estas relaciones se van creando conflictos. El propio Estado con su política de tierras, con el Programa Orígenes, fue generando divisiones en las comunidades. Cuando uno actúa desde la PPI quieres solucionar algo, pero también generas nuevos problemas. Creo que sin duda, hay distintas miradas para llegar al cambio. Y la participación de representantes indígenas en las decisiones políticas, en el aparato administrativo, también puede ser una vía. De hecho se ha usado en muchos países y se ha visto como la representación de los destinatarios de las políticas públicas, en el aparato burocrático público, puede ayudar a mejorar la calidad de las políticas. Por otra parte, que bueno que hayan nuevas miradas para ser incluidas en el aparato público, entre lo que se entiende por PPI y los destinatarios, que sirva como nexo. Hoy hay capacidades para desempeñar de mejor manera esos cargos y, por qué no, desde pueblos indígenas, por qué no pensar en formas diferentes. Hay que mirar desde otras perspectivas estos fenómenos

¿Por qué un cambio en la Constitución es significativo para poder respostular nuevas políticas o bases de trabajo? ¿Qué lo vuelve tan complejo?

La Constitución como Carta Magna expresa los puntos básicos de este contrato social de convivencia entre todos los que estamos dentro de este Estado. Todo aquello que queda en la Constitución encausa procesos de política pública en materia de presupuesto, decisiones políticas y de implementación. Que Chile se reconozca como país plurinacional tiene significancia porque supone asumir que este Estado está compuesto por múltiples naciones, por pueblos que tienen derechos. Si existe un reconocimiento constitucional se produce un impacto en todo el aparato público, en la forma que nos vamos relacionando con otras naciones, como se reestructura el aparato público, la institucionalidad, cómo se representa en los poderes, cómo se adaptan las practicas judiciales para dar cuenta que hay un derecho que es distinto al derechos consagrado en el Código Civil. Esto mismo explica por qué hay tantos sectores que se oponen a este reconocimiento. No es el único avance, pero claramente es un avance significativo que hay que valorarlo y pelearlo. Pueden haber desconfianzas con lo que pase, hasta el momento en eso estamos. Hasta el momento no hay una voluntad real. Todos estos temas salieron de los Diálogos Constituyentes y no están siendo consultados hoy. Es una consulta hecha a la medida y eso genera desconfianza, donde todo es más de lo mismo. Creo que hay sectores políticos, otros actores que están relevando estos temas. Lo importante es ver en qué va a decantar todo esto, no perder de vista lo importante que es un reconocimiento constitucional. Son múltiples las soluciones y hay que dar la pelea en cada una.