Jorge Aillapán: “El desafío de la academia es abandonar esta concepción esencialista y anacrónica que tienen sobre nosotros”

Jorge Aillapán, abogado de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Estudios Mapuches Rümtun, destaca por una ascendente trayectoria académica e investigativa en loS ámbitos de la propiedad intelectual y del derecho indígena.

El recientemente titulado como Doctor en Derecho de la PUC de Valparaíso nos relata su visión respecto a la relación entre la academia y el mundo indígena, la contingencia en Wallmapu y otros temas.

Jorge Aillapán, titulado recientemente como Doctor en Derecho en la PUC de Valparaíso 

¿Qué implicancias o responsabilidades tiene ser indígena y ser parte de la academia?

En primer término, debo aclarar que yo no me siento parte de la “academia”. A mi juicio, integrar la academia implica desarrollar una labor intelectual remunerada de manera suficientemente satisfactoria para cubrir los gastos básicos que demanda vivir en Chile. En mi caso, si bien he sido invitado a realizar cursos en diferentes Universidades del país, el honorario que percibo por ello no alcanza siquiera para pagar el arriendo mensual, de manera que, en ése sentido, no creo formar parte de la “academia”.

Sin perjuicio de lo anterior, debo decir que ser indígena y autoidentificarse como tal -en el contexto universitario chileno- generara ciertas expectativas y hasta algunas suspicacias. En cuanto a las expectativas, hay un montón de personas que celebran el logro de graduarse en las mejores universidades de Chile y me desean lo mejor. Sin embargo, también hay muchas personas que me achacan el deber de hablar de temas indígenas, me obligan a involucrarme solo en temáticas indígenas, a ser abogado de personas mapuche ante los tribunales, etcétera, etcétera, como si acaso los indígenas no pudiesen pensar u opinar sobre temas universales. Precisamente, y vinculado a esto último, está el tema de las suspicacias: como históricamente hemos sido “retrasados” -económica, cultural e intelectualmente- ver a un indígena obtener grados académicos resulta sospechoso pues el prejuicio indica que dichos grados los obtuvo solo gracias a la “discriminación positiva” o porque estudió profesiones de “menor complejidad”, o en Universidades de dudosa reputación.

¿Cuál es la importancia de que la población indígena acceda a cursos de postgrado?

Es fundamental pues existen muy pocos indígenas con grados y postgrados. Eso sí, considerando el mercado educacional chileno hay que tener precaución en ello. Antes de titularme de abogado, yo ya estaba fuera del sistema financiero por deudas contraídas precisamente para pagar mis estudios universitarios. Hoy mi situación no es tan distinta, pero tengo la suerte de complementar mi pasión por la academia con mi trabajo de abogado, y así hacer frente a la vida diaria, felicidad de la que no muchas personas pueden gozar. Familiares míos, amigos y gente conocida se han esmerado y endeudado con la esperanza de que un título o un postgrado los ayude a conseguir un mejor trabajo, pero lamentablemente terminan frustrados porque el mercado laboral chileno no les ofrece oportunidades o, de haberlas, son mal pagadas.

En resumen, si se estudia para conseguir más conocimientos, está bien; mejor si esos conocimientos son pertinentes a las cosmovisiones indígenas. En cambio, si se estudia una carrera o un postgrado pensando en una mejor remuneración a futuro, ojo con qué se estudia, dónde se estudia y si efectivamente esos títulos implicarán mejor calidad de vida.

¿Cuál es su opinión respecto a la categoría de “intelectuales indígenas”? ¿Se podría considerar que la “academia indígena” cuenta con las mismas garantías que otros académicos?

Si por “intelectuales” hacemos referencia a personas cuyas cualidades destacadas son precisamente el trabajo intelectual y no las físicas -como un obrero, una empleada o un deportista- claramente, en las últimas décadas, los mapuche hemos ido aportando al acervo intelectual de nuestro pueblo. En cambio, si por “intelectualidad mapuche” se alude a un sector bien posicionado y valorado en el desarrollo del país, ello no existe. Es cierto que hay excepciones, pero resulta exagerado y fuera de toda realidad hablar de “intelectualidad mapuche”. Es cosa de notar los diferentes programas, cursos o centros de estudios dependientes de universidades chilenas que llevan el adjetivo “indígena” y/o “mapuche” porque, en ellos, el objeto de estudio siguen siendo los indígenas. Dichas instancias no están ni diseñadas ni dirigidas por indígenas y, cuando mucho, se invita a uno que otro académico que califique como tal para darle una estética “étnica”.

En Chile, hay un inmenso abismo entre el trabajo “intelectual” desarrollado por un chileno versus la persona que se autoidentifica como indígena. Al respecto, habría que considerar el reciente informe del PNUD (2017) en cuanto volvía a ratificar que entre las profesiones de más “prestigio” -abogados, médicos e ingenieros- no hay un solo referente indígena. Apellidos como Aillapán, Huaiquipán, Marimán, etcétera, solo estaban relacionados con profesiones u oficios “no prestigiosos”: he ahí una evidencia de la desigualdad y la discriminación en este país.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los desafíos de la academia al momento de investigar temas indígenas? O ¿cuáles serian las responsabilidades que debiese asumir la academia frente a demandas indígenas?

El intelectual sioux Vine Deloria Jr. decía -irónicamente, claro- que, de toda la gente infortunada en el mundo, los indios éramos los peores pues nos toca lidiar con los antropólogos. Bueno, la crítica no apunta específicamente a dicha profesión sino, en general, a la comunidad científica que construye el estereotipo o sujeto ideal indígena en base a arcaísmos y esencialismos, diciéndole al mundo que los pueblos indígenas son aquellas tribus que conservan costumbres ancestrales, dando a entender que viven muy parecido a la época que llegaron los invasores a este continente.

Ése es acaso el principal error porque la academia -consciente o inconscientemente- construye a su antojo la subjetividad indígena, discriminando y perjudicándonos enormemente. Por ejemplo, en el ámbito jurídico existe la posibilidad de invocar la costumbre indígena. Sin embargo, hay casos donde los tribunales chilenos -guiados por peritajes antropológicos- han impedido a las personas invocar sus costumbres a que hablan castellano, visten a la moda, usan celulares y computadores, todas señales de que habrían “evolucionado” y, por lo tanto, superado su estatus de “indígenas”. El desafío de la academia, entonces, es abandonar esta concepción esencialista y anacrónica que tienen sobre nosotros. En el caso mapuche, particularmente, debieran considerar que además de los que viven en comunidades, en la ruralidad, hablantes de la lengua, etcétera, existe una enorme población que no residen en la Araucanía, sino que nacen, viven y mueren en Santiago u otras ciudades de Chile y que -a consecuencia de la diáspora o exilio mapuche- lamentablemente no ostentan esos rasgos culturales “esenciales”, pero que aun así se autoidentifican como parte de nuestro pueblo.

En relación a lo sucedido con Camilo Catrillanca y las demandas históricas de Wallmapu, ¿de qué manera la academia puede incidir en torno a políticas públicas o toma de decisiones?

A mi juicio, las políticas públicas serían mucho más útiles si revirtieran el asistencialismo y el eterno tratamiento de los mapuche como un “grupo humano vulnerable”. La relación Estado chileno-pueblo mapuche opera igual que entre un padre o madre y sus hijos: una persona puede vivir eternamente gracias al paternalismo o maternalismo, en la medida que tenga asegurado un ingreso económico; el efecto perverso es la eterna dependencia respecto a los proveedores de dicho sustento. En el caso mapuche ocurre algo similar, de ahí que la academia debiera apuntar sus estudios e investigaciones hacia la construcción de autonomía o autodeterminación; que sean los propios mapuche quienes decidan su futuro y no que sea definido desde el gobierno central, aun cuando se ofrezcan seductores bonos o políticas asistencialistas.

En las últimas décadas, el pueblo mapuche ha intentado dialogar en con el Estado chileno mediante diversas propuestas, ¿por qué esas iniciativas no son consideradas?

Precisamente porque no se nos considera un pueblo autónomo. Han pasado más de 500 años y la relación entre el Estado y el pueblo mapuche sigue siendo la de un ser iluminado y racional que tiene el deber de llevar a los indígenas hacia ese estado de luz y sabiduría. Inmediatamente tras la conquista se dijo que los indios eran bestias; luego se dijo que eran personas, pero con una capacidad intelectual inferior, similar a la de los niños. Hoy esto no se dice pues resulta políticamente incorrecto, pero la calificación de los indígenas como “grupo vulnerable” dice mucho de ello, pues se sigue recurriendo a interlocutores -normalmente militantes de partidos políticos chilenos- para que hablen por los mapuche. El indio debe hablar por sí mismo o a través de sus autoridades locales y representativas, no por intermedio de “expertos en indígenas”. Es por eso que el diálogo no arriba a buen puerto, pues la inquietud del mapuche llega, generalmente, tergiversada y estructurada de acuerdo a la visión y opinión del “experto en indígenas”.

La participación de la diputada mapuche-huilliche Emilia Nuyado interpelando al ministro Chadwick se cataloga como un hecho histórico. A su juicio, ¿es necesario fortalecer y promover la presencia de indígenas en la institucionalidad política?

Sin duda que es una alegría inmensa ver cuando un hombre o mujer mapuche alcanza relevancia en su ámbito y, por lo que he leído, la lagmen Nuyado ha realizado bastantes esfuerzos por llegar a ser diputada. Yo la felicito y me encantaría compartir experiencias de nuestro pueblo con ella. Sin embargo, no creo que dicha interpelación sea histórica, básicamente porque no existe una respuesta satisfactoria de parte de quien la debe. Es lo mismo que ocurrió con el perdón que pidió Francisco Huenchumilla cuando fue Intendente, pues las disculpas deben provenir de quienes están en deuda, no de un mismo mapuche. A mi juicio, histórico fue el fallo de la Corte Suprema cuando dijo que a Lorenza Cayuhan la obligaron parir engrillada por ser mujer y, además, mapuche. Puede que me equivoque, pero entiendo que es la primera vez que el Poder Judicial dice que el Estado chileno tuvo una conducta racista en contra una persona de origen mapuche.

Ahora bien, el ejemplo de la Emilia Nuyado sirve para ilustrar lo relativo a la mayor o menor participación indígena en el institucionalidad chilena. Esta lagmen valientemente decidió jugar con las reglas de la democracia representativa chilena y, bajo ese paradigma, ella solo representa al Partido Socialista y a quienes la votaron. Arrogarse representatividad del pueblo Mapuche, en su completa extensión, me parece un tanto demagógico. Yo, por ejemplo, me siento representado por los líderes e intelectuales mapuche que defienden la autodeterminación de nuestro pueblo y que, además, incorporan en su lucha a quienes viven en las ciudades, en la diáspora. Hasta donde entiendo, la lagmen Nuyado no ha interpelado al Estado chileno para demandar autodeterminación.

Es por lo anterior que la presencia indígena, dentro de la institucionalidad chilena, no asegure necesariamente un mejoramiento de la situación de estos pueblos. Puedo ejemplificar con el conflicto que se creó entre Emilia Nuyado y Aracely Leuquén, disputándose quien era la mujer “más mapuche” a la hora de arrogarse representatividad de nuestro pueblo. ¡La cuestión mapuche va más allá de izquierdas o derechas!, por eso que la presencia indígena, dentro de la institucionalidad chilena, solo tiene sentido si aboga por las necesidades de nuestro pueblo y no por los intereses del Partido Socialista, Renovación Nacional o cualquier otra organización política tradicionalmente chilena que niegue o rechace el derecho a la autodeterminación.

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Foto: Eduardo Contreras Díaz, PUCV

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